Una perspectiva desde el Derecho

Como a todos los que hacemos parte del proyecto “Nombrar Los Derechos” de Open Society Foundations, la interacción con los Montes de María ha cambiado la perspectiva que de alguna forma teníamos sobre algún punto dentro de nuestros conocimientos.

En un grupo conformado por conocedores de distintas disciplinas, como comunicadores, politólogos o antropólogos, quienes por ejemplo mostraban en las conversaciones que sostenían con el grupo de personas pertenecientes a la zona de los Montes, un predominante interés por conocer acerca de temas como los aspectos socioculturales, económicos y productivos de la región, o el contexto de violencia que los ha agobiado por décadas y sus consecuencias. Yo, por otra parte, como integrante del área jurídica del proyecto, no podía evitar centrarme en identificar en sus relatos como la perspectiva de justicia y derecho parece ser distinta a las enseñadas por las facultades de Derecho del país, evidenciado esto desde la forma en que habitualmente se resuelven los conflictos en la región. Lo anterior, tomando como base, una concepción institucional que se ve debilitada, en donde por ejemplo, la figura de repartidor de justicia tiene más parecido a la de un inspector de policía, junta comunal o defensoría del pueblo que a la de un Juez.

El citado fenómeno puede tener su explicación en distintos factores, como lo es la preferencia por la informalidad en las zonas rurales del país, que por lo general se traduce en mayor rapidez y economía. Sin embargo otros factores resultan preocupantes y evidencian falencias por parte de un Estado que tal como lo proclama su constitución tiene un deber Social y de Derecho. Uno de estos factores es el generalizado desconocimiento de la ley por parte de la población, lo que genera incertidumbre acerca de cuáles son sus Derechos y cuáles los medios con los que cuentan para lograr su protección.

Por otro lado se encuentra la desconfianza de la población en las instituciones. Desconfianza motivada en la incredulidad de la población sobre su eficacia debido a la corrupción que las ha permeado por años, así como los rezagos de décadas de violencia que pusieron a las instituciones al servicio del conflicto armado y que sembraron el miedo a repercusiones sobre aquellos que pensaran en acudir a ellas en busca de reclamar sus derechos. Esto ha ocasionado en la población desarrollar sus propias “instancias judiciales” en donde muchas de las situaciones, que en otro contexto requerirían la intervención de un Juez, en esta zona son manejadas por las mismas partes o con la intervención de personas cuyas figuras son más allegadas a su cotidianidad, como lo pueden ser los líderes de la comunidad, el inspector de policía o Defensoría del pueblo.

El mencionado “sistema” de resolución de conflictos propio de zonas como los Montes de María, en primera instancia no debería verse como algo negativo, sino por el contrario, puede verse como un sistema propio de una comunidad madura, capaz de resolver las distintas situaciones conflictivas por sí mismos, sin la necesidad de acudir a un denso aparato judicial que demanda mayores gastos y tiempo, y cuya eficacia podría discutirse si es la mejor. Sin embargo digo en primera instancia porque existen otras circunstancias donde el desconocimiento del sistema judicial, la desconfianza en las instituciones y la ineptitud de estas para el cumplimiento de sus funciones, generan fuertes consecuencias negativas en contra de la comunidad. Este es el caso de cuando a la escena del conflicto llegan personas distintas a los habituales vecinos de la comunidad, y que cuentan con un experimentado manejo de las leyes, de las instituciones y del aparato judicial, como lo son las empresas privadas, los grandes lugartenientes o el mismo Estado. Ante esta situación, la capacidad de defensa de la población se ve mermada ante la grandeza de su contraparte, las cuales se aprovechan de esto para violar los derechos de la comunidad y acomodar las circunstancias para que los únicos intereses que salgan favorecidos sean los suyos, desconociéndose derechos referentes a los recursos naturales y a la propiedad,

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Esta es una crónica de Cristian D. Munive Varela, uno de los integrantes del equipo #NombrarLosDerechos, una propuesta para fortalecer el acceso a los derechos a la tierra y la propiedad en los Montes de María, Colombia. Un proyecto del Grupo de Investigación en Derecho y Ciencia Política de la Universidad del Norte, la Corporación Desarrollo Solidario Vokaribe Radio apoyado por Open Society Foundations.

About The Author: Belén Pardo

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