Desde que se encendió una nueva guerra en los municipios de San José de Uré, Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano, el ejercicio de la administración pública se ha vuelto un trabajo de alto riesgo que debe hacerse a distancia. Alcaldes y secretarios de gobierno desempeñan sus funciones bajo amenazas de muerte. La violencia podría estar asociada al interés electoral de varios grupos ilegales.