Z11 en el Paro Nacional: anatomía de un falso positivo judicial

Durante las protestas de 2021, una pareja de jóvenes hizo periodismo comunitario a través de las redes sociales y transmitió desde el barrio Suba, en Bogotá. Juntos denunciaron lo que ocurría en uno de los puntos más álgidos de las manifestaciones; ahora la Fiscalía los acusa de graves delitos con condenas de hasta 40 años en prisión.

El equipo de @z11suba, un medio digital que hace periodismo comunitario en redes sociales, está integrado por Jonathan Cortez y Karina Cepeda. Crédito:  Juan José Jaramillo A.

Por Juan José Jaramillo A.  y David Leonardo González M. para La Liga Contra el Silencio

Jonathan Stiven Cortez, de 21 años, y Karina Cepeda, de 20, tenían apodos, pero no alias. O al menos eso creían. Luego de su captura, el 27 octubre de 2021, se enteraron de que para la Fiscalía él era alias ‘Z’, y ella, alias ‘Karo’. 

Una tarde de junio los vimos por última vez, pero no lo sabíamos. Karo, como la llama su familia, preparó un café y volvió a contar detalles del proceso judicial que enfrentan. Nada avanzaba. Llevaban siete meses encerrados en casa bajo una medida de aseguramiento privativo de la libertad en un apartamento de 40 metros cuadrados a la espera de la audiencia de acusación donde la Fiscalía mostraría sus pruebas.  Fueron imputados por delitos ocurridos en el marco del Paro Nacional de 2021.

Era casi mediodía, a Jonathan le costó levantarse de la cama. A raíz de la limitación de libertad evidenciaba síntomas de una depresión que había empezado a tratar con una psicóloga. Las últimas semanas fueron las más difíciles en el apartamento de sus papás, ubicado en un sector popular de Suba, una localidad que había sido epicentro de las protestas en Bogotá.

Muchas de las manifestaciones ocurrieron a unas cuadras de su casa, en la Avenida Ciudad de Cali. Allí también sucedieron los hechos por los cuales la Fiscalía les imputó cargos. Enfrentan penas de hasta 40 años de prisión por delitos como terrorismo, concierto para delinquir, secuestro simple y tortura, entre otros.

En Suba los conocían por la cuenta de Instagram @z11suba, un sitio web de noticias que hace “periodismo comunitario”. Usaron esa cuenta para cubrir, a través de transmisiones en vivo, los hechos más relevantes de las movilizaciones. Fue una tarea que había empezado Jonathan como autodidacta, desde las marchas estudiantiles de 2018. Ambos dicen que “con las uñas” sacaron adelante su medio digital.

Mientras realizaban su cobertura en el paro del año pasado llevaban distintivos de prensa y nunca cubrieron sus rostros. Tras su detención, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) emitió una alerta y expresó su “preocupación por la captura de los periodistas”.

Video “Los lives prohibidos” 

Mundos que se juntan

Ni Jonathan ni Karo se consideraban parte de la Primera Línea BRC Suba, como sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación, al que tuvimos acceso. Y cualquiera que hubiera conocido lo que pasó en el humedal de Tibabuyes, habría entendido por qué.

La vida de Karo, a sus 20 años, ha sido agitada. “Es una guerrera para buscar el dinero”, dice su madre Gladys Andrade. Ha sido mesera, trabajó en locales de estética en Sogamoso, donde vivía; ayudó en una tienda de su papá en el pueblo de Chivor, Boyacá; e hizo masajes terapéuticos. Hasta que las manos le empezaron a doler.

Karo es alta, delgada y con un aire punk. Fue madre a los 13 años, resultado de una violación, como lo ha denunciado públicamente. Cuando cumplió 15 años no celebró. Ese día a su hija, Isabella, la estaban operando. Nació con escoliosis y esto impulsó a su madre a estudiar Pedagogía Infantil en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Pensó que podría ser docente de niños autistas.

En la universidad, Karo conoció el feminismo y se unió a un colectivo que participó en las movilizaciones sociales desde 2019. En abril de 2021 hizo una colecta para llevar insumos a los manifestantes en Suba. Pensaba en la necesidad de un cambio. Viajó a Bogotá a finales de abril, junto a un grupo de jóvenes de Sogamoso. El 30 de mayo, en medio del Paro Nacional y a medianoche, estaba de pie, desnuda y con frío, parada frente al humedal de Tibabuyes.  Miembros de una parte de la Primera Línea de Suba la acusaban de “calenturienta” y le habían impuesto meterse desnuda al humedal. La insultaron, llenaron de lodo su ropa y la golpearon. 

Una de las personas que la maltrató era uno de los hombres que venía con ella desde Sogamoso. Él, conocido como Cano*, se convertiría en testigo clave de la Fiscalía. Días después de lo ocurrido en Tibabuyes y en un acto de reparación, varios miembros de la Primera Línea y Cano se sumergieron desnudos en las aguas frías del humedal, tras la petición de líderes feministas indignadas con lo ocurrido. 

Karo denunció y los medios publicaron la noticia.  Ese fue el comienzo de la ruptura con la gente de la Primera de Línea de Suba. La acusaron de querer dañar la imagen de la movilización y la amenazaron. Hasta fueron a buscarla a su casa en Sogamoso, según cuenta su madre. 

Con estudios de bachiller, Jonathan se había convertido en comunicador popular desde 2019, cuando empezó a participar en las jornadas contra la privatización de la educación pública de la Universidad Nacional. Allí vio la necesidad de crear un canal de información, donde documentó esas primeras marchas, las banderas rojas por el hambre en medio de la pandemia en Suba, cerca de su casa. También registró abusos del ESMAD y la defensa del humedal Tibabuyes, lugar sagrado de los muiscas que corría riesgo por los planes de urbanización de la Alcaldía.

Su medio se llamó Z11, que es el código de la localidad donde vivía, casi en la última calle de Bogotá: después solo hay sabana hasta las veredas de Cota. El medio digital, creado en 2019, empezó a crecer en seguidores. Victoria Alean, comunicadora de Suba e integrante de la asociación de periodistas Consejo de Redacción, opina sobre Jonathan. “Es de esos pelados de las nuevas generaciones que encontraron en las redes la forma de convertirse en un medio de comunicación popular. Se hicieron muy conocidos porque la gente quería saber qué pasaba en Suba y uno los veía todo el tiempo cubriendo las protestas”, dice.

Jonathan andaba con su celular y sin capucha, identificado con chaleco y casco de prensa. “Yo era un periodista, ¿por qué debía ocultar mi cara?”, argumenta. Una noche en el humedal se enteró de lo que había pasado con la mujer que obligaron a meterse desnuda a Tibabuyes. Pensó que debía entrevistarla. “A todos los que les preguntaba, me decían: ‘no preguntes eso, que eso ya pasó’. Pero me quedaba con la espina”, cuenta. 

Cuando contactó a Karo hablaron por teléfono casi dos horas. Así siguieron día tras día. El 26 de junio, dos meses después del inicio del paro, se vieron por primera vez. Él estaba lesionado de una rodilla: el ESMAD en medio de un cubrimiento el 19 de junio le había disparado. La agresión quedó registrada en un live**. Karo le ayudó con las terapias y su relación se afianzó.  

Karo y Jonathan el 3 de mayo de 2022, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se pusieron la indumentaria con la que cubrieron el Paro Nacional para recordar en redes sociales su detención y denunciar que son periodistas acosados por el Estado. Crédito:  Juan José Jaramillo A.

Pronto empezaron a cubrir en equipo para Z11: él manejando Instagram, y ella, Facebook. Sus caras eran cada vez más conocidas. La revista Semana, a raíz de una amenaza contra Transmilenio Suba, publicó un artículo con la foto de Jonathan, donde lo describe como líder de la Primera Línea. “​​Sin identificarse, el joven parece atribuirse el liderato de la Primera Línea”, dice el artículo. Comenzaron las amenazas a través de Twitter. Le decían a Jonathan que lo iban a matar, que sabían donde vivía.  

El 2 de julio se dio una reunión entre líderes de la Primera Línea y el entonces secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. La reunión fue un fracaso. Pero esa vez, periodistas de grandes medios entrevistaron a Jonathan y su testimonio quedó registrado en video. No tenía por qué taparse la cara ni ocultar su respaldo a la movilización social. 

“Los de prensa entramos dando cara, los que eran Primera Línea iban con la cara tapada, llevaban hasta bolsas en los zapatos para no dejar rastros de las huellas”, cuenta Jonathan. 

Con el paso del tiempo, en algunos puntos claves de las manifestaciones, como Calipso en Cali o el Portal de las Américas en Bogotá, la violencia empezó a provocar el retiro del apoyo inicial de parte de los barrios. Algunos de estos puntos, especialmente en Cali, fueron infiltrados por redes de microtráfico, según la Fiscalía y testimonios durante el cubrimiento del paro. 

En Semana Santa de 2022 la pareja recibió a Isabella, la hija de Karo, a la que no habían visto desde octubre de 2021. Crédito:  Juan José Jaramillo A.

Los últimos días de cobertura del paro sumaron a un tercer miembro en el equipo, Brayan, un joven socorrista de Suba que sería clave en uno de los casos. Jonathan y Karo empezaron a construir un hogar; la hija de Karo había establecido un fuerte vínculo paternal con él. Karo buscaba terminar su carrera de Pedagogía Infantil y Jonathan quería estudiar Ciencia Política en la Universidad Nacional y decía que le hubiese gustado ser alcalde local de Suba. 

El 27 de octubre de 2021 Jonathan salió a sacar unas copias para postularse a un trabajo. Miembros de la Policía lo rodearon frente a su casa y lo capturaron. Karo, que estaba en el apartamento, escuchó los gritos y salió a ayudar, pero también fue detenida. Él transmitió en vivo desde su cuenta de Z11. Jennyfer, la hermana mayor de Jonathan, que vivía a unas cuadras, recibió la notificación del live. “A ellos ya los tenían entre ojos”, dice.

Las dudas sobre el caso de la Fiscalía 

El 27 de octubre la pareja fue capturada junto a Maura Valentina Díaz, Julián Andrés Moreno y Andrés Felipe Rodríguez ‘El Gato’, uno de los que obligó a Karo a sumergirse desnuda en las aguas de Tibabuyes. A todos los imputan de estar detrás de dos casos graves que sucedieron en Suba, y a Karo le suman un tercer caso más. La Fiscalía también los señala como parte de la Primera Línea Suba BRC, a la cual tratan como una organización criminal. Las acusaciones dejan dudas, pues se contradicen con los videos del medio y testimonios confusos de testigos. 

En el primer caso los imputan de quemar un vehículo. Dice la Fiscalía que los dos fueron identificados por testigos que los vieron lanzar “objetos contundentes como piedras y explosivos”. Este caso se basa en testimonios de policías y el de Cano, el manifestante, quien dice haberlos identificado. Cano dijo que se encontraba a unos metros de distancia ese día, y que vio como “personas que están filmando, dentro del equipo de Z11, son quienes coordinan por debajo de cuerda a las personas encapuchadas que lanzan estas mini molotov”.

Sin embargo, en la entrevista con nosotros el testigo no pudo especificar cómo fueron esas instrucciones de la pareja de Z11 hacia quienes lanzaban las molotov porque no las escuchó directamente. Según él, por el ruido y las aturdidoras. Y a diferencia de lo que dice la Fiscalía en su escrito de acusación, Cano confirmó sobre ese día: “No, yo no vi que lanzaran objetos”. 

La Policía ofreció una recompensa de 20 millones de pesos por cualquier información útil para dar con los responsables. Sobre esto, Cano dijo que no recibió ninguna recompensa porque el comandante de Policía de Engativá le dijo que la fuente principal era otra persona. La motivación para denunciar, según Cano, era acabar con los abusos que veía por parte de la Primera Línea contra la gente común. 

En los otros dos casos en los cuales la Fiscalía vincula al equipo de Z11 también hay dudas, como lo evidencia el siguiente video basado en las transmisiones de Z11 y sus redes sociales. Su trabajo informativo hoy se convierte en su principal arma de defensa. 

Video “El cuento de la Fiscalía, las contrapruebas” 

De la lista de 39 testigos en los tres casos del escrito de acusación elaborado por la Fiscalía contra Z11, 32 son miembros de la Policía Nacional. La audiencia de acusación está pendiente de realizarse.

Manual de persecución a la movilización 

En el caso de Jonathan y Karo trabajan de manera gratuita abogados del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una organización civil que defiende a docenas de jóvenes capturados durante el Paro Nacional. Los abogados del Comité, los del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL), una organización legal, y otros defensores señalan patrones preocupantes en estos casos.

Lo primero para poderlos perseguir fue la criminalización de la protesta social. Los instrumentos legales que amparan este objetivo se facilitaron con la Ley 1908 de 2018 (ley GAO), que reglamenta la investigación y judicialización de organizaciones criminales. Paradójicamente esta última ley fue pensada para otro fin y surgió como fruto de los acuerdos de La Habana.  

Según el CSPP, en diciembre de 2021 se da la primera imputación con la ley GAO a manifestantes. Y uno de los nombres que sale a flote en varios de los casos de los jóvenes capturados es el del fiscal Jorge Enrique Jiménez Rubiano, que hace parte de  la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía. Abogados defensores dicen que aunque cada caso tiene un fiscal distinto, saben que este “superfiscal” es quien recibe los seguimientos en los casos de varios jóvenes por parte de la Policía.

“Es curioso cómo esa unidad para combatir el crimen organizado ahora se distorsiona totalmente y se convirtió en una herramienta para perseguir estudiantes, madres cabezas de familia y gente inocente que no tiene nada que ver en el conflicto armado”, explica Eduardo Montealegre, exfiscal general, quién además asegura que Barbosa ha convertido a la Fiscalía en una policía política para perseguir opositores. 

¿Por qué una división que debería estar investigando a las guerrillas, los carteles o las disidencias, investiga a los jóvenes que marchan? Según El Espectador, la Fiscalía ha vinculado a procesos en el marco del paro a 160 personas por hacer parte de grupos de la Primera Línea. Y dice reportar un esclarecimiento del 78,8 % de estos casos. 

La Primera Línea empezó a ser señalada como organización criminal en las narrativas de la Fiscalía, del Ministro de Defensa y de los medios afines. “Crean un supuesto organigrama, identifican los jóvenes que tienen algún tipo de liderazgo, identifican los lugares donde se presentan las concentraciones. (…) Y arman una organización criminal”, señala Ruben Darío Acosta del CESJUL. Para que una organización criminal sea considerada como tal por el gobierno, según los abogados de las organizaciones, debe pasar primero por un Comité de Seguridad, y eso no sucedió. 

“La Primera Línea eran muchachos y muchachas que estaban expresando una indignación, con una historia detrás de exclusión, de pobreza y de violencia que traen los territorios de Bogotá y de Colombia”, considera el concejal Iván Cancino, que denunció varios de los abusos. 

Crear la organización criminal le permite al Estado utilizar estrategias cuestionables como el uso de infiltrados. La figura del agente provocador es una de las estrategias vistas en el Paro Nacional. “Por ejemplo, en Portal Américas encontramos que hay cinco agentes encubiertos, documentados, con la autorización del juez de control de garantías”, explica Lorena Medina,  abogada de CSPP.

Según los abogados consultados, otra estrategia consiste en inflar los casos y crear una macrocriminalidad. El derecho a la protesta se convierte en un macrocrimen. A los jóvenes los acusan de delitos que llevan a los jueces a declarar la detención; delitos como terrorismo, secuestro, tortura. Es una manera de hacer más grande la imputación para aplicar la detención preventiva mientras avanza el proceso penal. “Existe un delito para eso que pasa en las marchas cuando se salen de control, es el delito de asonada. No tiene una pena tan grande como el terrorismo, pero nadie lo usa, menos el fiscal”, cuenta Medina del CSPP.  El abogado Acosta cree que el fin es “darles un escarmiento” a los jóvenes, así la Fiscalía pierda los casos. 

Para el exfiscal Montealegre es un claro abuso de poder de Barbosa, que convirtió a los manifestantes en terroristas. “En toda protesta hay retenciones, que son ilegales como producto propio de la protesta, pero que jamás pueden ser catalogadas como secuestro”. Montealegre agrega que esta estrategia busca desconocer que se trató de un estallido  social.

Otro punto está relacionado con las capturas masivas. “Las organizaciones que han estudiado el tema dicen que en los primeros meses estuvimos ante más de 2.000 capturas ilegales. Indiscutiblemente estamos frente a un modelo o muy cerca de un modelo de mordaza a la libertad de expresión”, señala el exfiscal.

Para el concejal Diego Cancino la intención clara es acallar la protesta. “Si es injusta la imputación, la vida de ellos y de su familia se vuelve de cuadritos”, concluye.
 

Los últimos días de Z-11 en Colombia

Gladys Andrade, la mamá de Karo, sacó adelante cuatro hijos y ahora vive con su nieta, la hija de 6 años de Karo, en un apartamento modesto en Sogamoso. La mitad del apartamento es su taller de confección de ropa. “Me tomo una sopa y pienso: ¿Karo estará comiendo?”, dice y se le quiebra la voz.

Gladys no llegó a despedirse. Jonathan y Karo decidieron escapar de la detención en el lugar de residencia luego de que un juez ordenara trasladarlos a cárceles. 

La pareja había perdido la esperanza de un juicio justo y ha denunciado una serie de abusos, golpes y trabas en el proceso. Jonathan afirma que recibió golpes cuando lo capturaron. Dice que durante cerca de una hora y media, mientras lo trasladaban a la URI de Puente Aranda, los policías lo esposaron, le dieron codazos en la cara, lo amenazaron y lo pasearon por Bogotá. Karo, por su parte, dice que la acosaron sexualmente y le dijeron que colaborara porque a Jonathan lo estaban torturando.

Semanas después, un funcionario del INPEC, en audios que ellos grabaron, trató de extorsionarlos bajo la promesa de algunos privilegios. El golpe de gracia llegó el pasado 15 de junio. Ese día, bajo el llamado “Plan Democracia”, 30 jóvenes fueron detenidos en Cali, Bucaramanga y Bogotá por hechos relacionados con el Paro Nacional. Un juez de garantías decidió en segunda instancia, en una diligencia que no duró más de 10 minutos, revocar la detención domiciliaria de Z11 y ordenó enviar a la pareja a prisión. 

Jenyffer, la hermana de Jonathan, sintió que el mundo se le venía encima. Se preguntó cómo le iba a contar eso a su mamá, una mujer que trabaja en una casa de familia en Chapinero. Tras la decisión final del juez, la pareja de Z11 salió del país con la esperanza de conseguir el estatus de refugiados políticos. “En este momento es muy duro. Es la ausencia de él, pero es pensar que allá van a estar mejor”, dice Jennyffer entre lágrimas. 

Días después de la audiencia, personal de la Fiscalía, agentes de la policía, un grupo grande de personas y, según los vecinos, con celulares en mano, fueron en busca de la pareja para llevarla a prisión, pero ya no los encontraron. Desde el exilio, Jonathan y Karo viven por primera vez en mucho tiempo un día en libertad. Una libertad extraña, solitaria y clandestina.

*Cambiamos el nombre para proteger su identidad.

** El live fue borrado, pero esta investigación había descargado una copia y podemos adjuntar fragmentos del mismo.

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