Un plan improbable: ELN y disidencias contra la policía

Aunque el gobierno Duque insiste en un “plan premeditado” de grupos ilegales tras los ataques a más de 70 CAI en Bogotá, la Fiscalía solo tiene pruebas contra las disidencias en dos casos, y ninguno atribuible al ELN. 

Por Fundación Conflict Responses (CORE) y La Liga Contra el Silencio

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, regaló argumentos a sus opositores para la moción de censura que la Cámara de Representantes debatió el 7 de octubre en su contra. La narrativa oficial que atribuye los recientes ataques de los CAI en Bogotá a un “plan premeditado” de disidencias de las Farc y el ELN implica un fracaso en la política de seguridad, pues el gobierno habría permitido a las guerrillas actuar sin resistencia en la capital. Pero se trata de un caso inflado. 

En su investigación de los “colectivos urbanos”, la Fiscalía solo tiene evidencia que vincula a disidentes de las Farc en dos casos, entre más de 70 CAIs afectados. Las investigaciones señalan a cinco miembros (cuatro capturados) de un grupo supuestamente al mando de Gentil Duarte, un líder de las disidencias. Contra el ELN no hay nada concreto.

La evidencia apunta al 21N

La Fiscalía y la Dijin de la Policía le siguen la pista a los grupos urbanos desde febrero de 2019, cuando encontraron documentos donde, según la entidad, “estaban los lineamientos de creación de ‘colectivos’ o ‘unidades solidarias’”, durante el operativo donde cayó Rodrigo Cadete, mano derecha de Gentil Duarte.

Según estos lineamientos, los grupos, de máximo cinco personas, adoctrinan y reclutan a jóvenes para “instrumentalizarlos en la ejecución de actos vandálicos, ataques a la fuerza pública, movilizaciones y bloqueos en las ciudades”. El articulador sería Wilson Reinel Moreno, alias ‘Martín’, cabecilla del frente segundo Manuel Marulanda Vélez, quien seguía instrucciones de Duarte, según la Fiscalía. 

Además de ‘Martín’, preso desde febrero pasado, la Fiscalía capturó en septiembre a cuatro personas: Julio Ernesto Villarraga Trujillo, alias ‘Justo’, un hombre de 73 años reconocido en Kennedy como un líder social. La Fiscalía dice que ‘Justo’ hablaba con ‘Martín’ y lo señalan como el principal reclutador. Sobre Érika Lorena Flórez sostienen que ubicaba estudiantes en las universidades para sumarlos a la causa. A Greyssi Alexandra Perilla, alias ‘La Pola’, le atribuyen la creación del colectivo y un protocolo de intervención en las marchas. Y por último Miguel Andrés Parga, alias ‘El Profe’, un abogado que trabajaba en el Departamento de Prosperidad Social.

La Fiscalía tiene más evidencia de supuestas infiltraciones de los capturados en las marchas del 21 de noviembre pasado, que en los daños contra los CAI. Por las primeras los señalan de haber participado en bloqueos, daños al portal de Transmilenio en Las Américas, saqueos y enfrentamientos con la fuerza pública en Patio Bonito y Tintal.

Por la destrucción de los CAI, en cambio, solo hay evidencia en dos casos: Roma, en Kennedy; y La Soledad, en Teusaquillo. La Fiscalía dice que tiene interceptaciones donde los capturados supuestamente planearon atacar el primero. Sobre el segundo aseguran que varios audios involucran a ‘El Profe’ como coordinador de las acciones.

“Falta vincular a más personas. Son aproximadamente 13 las que conforman esta red urbana de guerrilla”, dijo Claudia Carrasquilla, exdirectora de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, quien dirigió la investigación hasta febrero de este año, cuando el fiscal Francisco Barbosa pidió su renuncia. Según ella existe una red criminal. “Hay un gerente principal, gerentes regionales y directores. El cabecilla es Duarte. Ellos tienen coordinadores en universidades, en barrios y en grupos sociales; empiezan a venderles la idea de hacer oposición al Gobierno y generar caos”, dijo. 

Pero el objetivo de desestabilizar no significa que puedan hacerlo en Bogotá, y mucho menos en cuestión de horas.

El grupo de Duarte es muy reciente, y resulta poco probable que haya alcanzado en las ciudades más poder que las Farc. “La máxima capacidad que logramos para atacar CAIs hubiera alcanzado para cinco a la vez, y solo hostigarlos. Ni siquiera destruirlos”, dijo Carlos Antonio Lozada, senador del partido Farc, quien comandó durante 19 años el Frente Urbano Antonio Nariño en la capital. “Para atacar y destruir más de 70 CAIs de manera simultánea se requieren entre 300 y 350 hombres en armas”, dijo. Un especialista en seguridad, que les hizo inteligencia por años, confirmó el cálculo.

En su momento de mayor poderío, entre 1996 y 2002, la antigua guerrilla tuvo entre 350 y 400 personas de núcleo duro en Bogotá, dijo Sergio Marín, quien integró durante 12 años su estructura de apoyo logístico. Si esa masa no podía coordinar un ataque como el del 9 de septiembre, difícilmente podrían hacerlo aquellas 13 personas. Incluso si contrataran a otros, como señala la Fiscalía. 

Las Farc pusieron bombas en el Club El Nogal en 2003 y en la Escuela de Guerra en 2006. Pero en acciones así no requieren más de dos o tres unidades, estimó Lozada. Para atacar un CAI, según él, se requiere menos inteligencia y logística; pero hace falta más gente porque puede haber combate. “Y se deben poner aseguramientos armados para garantizar la retirada”, explicó. 

Además, el trabajo de guerrilla urbana es complejo en cuanto a la organización, y requiere cuadros bien entrenados. Los diferentes cuadros de las Farc no se conocían y no sabían cuál era la operación que debían ejecutar. Este secretismo evitaba que la información se filtrara y entorpecía el trabajo del Estado. 

Lozada dijo que los cuadros “siempre caían por comunicaciones”, y que nunca planeaban nada por teléfono. Discutían en persona. La Fiscalía tiene videos de los supuestos disidentes reunidos; pero sin audio, lo cual impide saber qué hablaron. 

Otro problema para las Farc durante la guerra fue “la escasez de cuadros que conocieran la ciudad”, dijo Lozada. “Cualquier comandante que en el monte dirigía 150 unidades, en la ciudad no tenía los conocimientos; a no ser que durara muchos años con esa formación para dirigir una estructura de 15 o 20 personas”, agregó Marín. 

Y por último, el factor tiempo. El trabajo urbano requiere mucha planeación. Para concretar el supuesto plan contra la policía, tuvieron solo 24 horas para reaccionar y destruir los CAI tras la muerte de Javier Ordóñez. Un plan premeditado, según un especialista en seguridad que le hizo inteligencia a las Farc en Bogotá, habría reflejado una manera única de actuar, como el uso de una misma arma o un procedimiento similar de ataque, lo cual no ocurrió. 

Hay disidencias en Bogotá, pero no para tomársela. “Esta es la capital de todos los grupos, porque aquí consigues tecnología, acceso a uniformes, a armamento”, dijo la fuente especializada en inteligencia. Además, varios miembros del Frente Urbano Antonio Nariño nunca se desmovilizaron. También se sabe que varios integrantes del PC3 —un movimiento político creado por las Farc durante la guerra— prefirieron seguir en la clandestinidad. 

La disidencia del Frente 10, coordinada con Duarte, ha realizado acciones en la ciudad y alrededores. En septiembre de 2019 quemó dos buses, uno en Soacha y otro en la vía Bogotá-Girardot. Tres personas fueron capturadas, y según varias fuentes fueron contratadas por este grupo. En julio tres agentes de la Sijin resultaron heridos en Soacha en un ataque que la Fiscalía también lo atribuyó a ese frente. Alias ‘Martín’, supuesto líder de la red en Bogotá, integraba un grupo vinculado al Frente 10. En agosto la Defensoría del Pueblo advirtió la presencia de este grupo, dedicado a la contratación y “cooptación de estructuras locales”.

La subcontratación de estructuras criminales parecería validar la tesis de la Fiscalía. Incluso la alcaldesa Claudia López dijo en enero que la Policía tenía evidencia de infiltrados pagados por grupos ilegales. “Casi todos ellos, los seis que estamos judicializando, por grupos residuales o disidencias”, declaró. 

Las fuentes reconocen que las disidencias pueden haber participado en los desmanes. Pero una cosa es usar a la delincuencia para quemar buses o atacar dos CAI —lo que dice la evidencia—, y otra muy distinta es orquestar un ataque simultáneo contra más de 70 objetivos en toda la capital del país.

Las dudas sobre el supuesto plan de las disidencias crecen cuando se trata del ELN.

El globo del ELN y la Segunda Marquetalia

En la investigación que adelantó Claudia Carrasquilla desde la Fiscalía, hasta febrero de este año, ninguna evidencia vinculó al ELN, o a la Segunda Marquetalia — disidencia de Iván Márquez y Jesús Santrich— con los colectivos urbanos. Pero ella no descarta al ELN. “Porque su doctrina es traer el conflicto a la ciudad, y para eso tienen triadas en las universidades y grupos sociales, que hacen trabajo de reclutamiento y doctrina”, dijo. Sin embargo, para Carrasquilla es claro que estos ataques a los CAI provienen de los frentes Primero y Séptimo.

La Fiscalía no tiene evidencia sólida y la alcaldesa López dijo que en 27 consejos de seguridad el gobierno nacional nunca le ha dicho que tenga pruebas contra el ELN en un supuesto plan para tomarse los CAI de Bogotá. Aún así, en el debate público, la administración Duque y varios medios han vinculado a ese grupo (y también al de Márquez) en los hechos del 9 y 10 de septiembre.

Existe una supuesta interceptación donde ‘La Pola’ le pide a ‘Martín’ que hagan alianzas con el ELN y el EPL, pero la Fiscalía no tiene pruebas de que hayan ocurrido. Tampoco con la Segunda Marquetalia. Solo tiene una comunicación de febrero donde el colectivo urbano indica que con la Segunda no van más. “Tenemos información de esa ruptura, pero (…) evidencia en esto de los CAI, no”, dijo una fuente conocedora de Fiscalía que pidió no ser identificada. Tampoco tiene sentido que la Segunda Marquetalia ataque a patrulleros, cuando en su discurso de relanzamiento dijeron que no los atacarían por ser “hermanos de clase”. 

Aún así el gobierno ha señalado al ELN, aunque su versión ha sido inconsistente. El 12 de septiembre, tres días después de los hechos, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, incluyeron al grupo en el “plan premeditado”. Luego Pablo Beltrán, miembro del Comando Central, negó que esa guerrilla participara en las protestas. A esto se sumó el comunicado del Frente de Guerra Urbano Nacional (FGUN), la unidad que han intentado construir en las ciudades, donde dijeron que el gobierno buscaba “pruebas inexistentes que liguen a los manifestantes con nuestra organización”.

Cuando la implicación del ELN se quedaba sin aire, alias ‘Uriel’, del Frente de Guerra Occidental (FGO), afirmó en un audio que milicias participaron “como uno o una más” en las protestas. Entonces el gobierno y varios medios usaron esto como la prueba reina. Pero no lo es. Tres fuentes que conocen esa guerrilla dicen que ‘Uriel’ no tiene cómo saber quién participó, porque el FGO no actúa en Bogotá. Él tampoco está autorizado para hablar de las acciones de otras unidades, incluso las urbanas. Su gesto buscaría publicidad para inflar el poder real del ELN.

‘Uriel’ contradice a Beltrán, la voz oficial del Comando Central, y no es la primera vez que sostiene versiones cuestionables. En 2018 dijo que en Chocó el ELN solamente cobra un impuesto al narcotráfico. Pero diversas fuentes allá dicen que el ELN mueve droga y organiza envíos de cocaína hacia Panamá. Además, ’Uriel’ ha afirmado que el FGO está representado en la mesa de diálogo con el gobierno, pero según un excomandante de esa guerrilla y otra fuente que la conoce, en una visita de Pablo Beltrán a la zona para hablar de las negociaciones, no lo recibieron.

Para justificar el argumento de la infiltración del ELN, el gobierno tiene seis documentos internos de esa guerrilla que hablan de una estrategia para operar en escenarios urbanos. Dos de ellos son de 2015 y hablan del pasado y los planes a futuro del Frente de Guerra Urbano Nacional. Los otros cuatro dicen lo que el ELN debe hacer en los escenarios urbanos para apoyar los movimientos sociales, entre otros temas. Ninguna evidencia dice que haya logrado el nivel de poder que le atribuye el gobierno.

Según un excomandante de esta guerrilla, el grupo tenía su mayor presencia con milicias en Bogotá a finales de los ochenta, pero entre 1996 y 2000 decidió acabar con ellas cuando cometieron delitos sin instrucciones de la comandancia. En 2006, durante su IV Congreso, decidieron crear el Frente de Guerra Urbano Nacional para reconstruir sus unidades urbanas, pero su estrategia no ha sido exitosa. En 2015, en un documento interno, expusieron cierto progreso en sus metas, incluida la de animar la movilización social. Hasta 2015 el FGUN no había sido muy activo militarmente, y el Frente de Guerra Oriental era el que realizaba acciones militares, como la bomba contra el CAI de Lourdes en junio de 2014. 

Entre 2015 y 2019 realizaron varios atentados en Bogotá, pero las unidades urbanas no pudieron hacerlo solas. Algunos petardos los puso el Frente de Guerra Oriental. La bomba contra el Esmad en La Macarena en febrero de 2017 la pusieron junto al Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), un grupo de universitarios que trataron de venderse como una tercera opción aparte de las Farc y el ELN.

En esa época y tras varias capturas, muchos miembros del FGUN se fueron de Bogotá y dejaron solo un grupo de jóvenes que apenas pueden poner un petardo panfletario, según dos fuentes que conocen al ELN. Por eso el atentado contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019, lo realizaron hombres enviados desde Arauca. 

En resumen, esta guerrilla no tiene la capacidad que el gobierno le atribuye en la ciudad. “Se necesitarían 60 células y una estructura de una perfección inusitada. Eso es mínimo 180 personas con entrenamiento. Se necesita mucha gente con capacidad bélica y eso no existe [en Bogotá]”, dijo un excomandante de esa guerrilla.

Lo más probable: una olla de presión  

Una sola explicación no puede abarcar estos hechos. Diversas causas coincidieron para que la gente protestara; y algunos decidieron atacar los CAI. El asesinato de Javier Ordóñez a manos de dos policías fue la chispa inicial de jornadas que dejaron al menos 10 muertos por arma de fuego solo entre el 9 y 10 de septiembre. Y recordó la violencia que usó el Esmad contra Dilan Cruz el año pasado, un caso que sigue impune y bajo la justicia penal militar. 

Aunque la calle se apagó durante la cuarentena, la inconformidad se mantuvo y aprovechó la capacidad de movilización que impulsó las protestas del 21 de noviembre. La convocatoria para salir esta vez se hizo por grupos de WhatsApp que existían desde el año pasado; por Facebook y Twitter, y sin una cabeza visible. 

“Salieron muchas convocatorias a todos los CAI. Se viralizó en redes y por grupos que ya se habían creado. Yo no vi gente orientando”, dijo un joven que estuvo en las movilizaciones de Verbenal, donde la Policía mató a tres jóvenes. “No existió una convocatoria para el movimiento estudiantil. Fue por las redes que la pandemia ha potenciado”, dijo Jenny Romero, líder en la Universidad Nacional. “Las personas salieron por el abuso policial (…) No creo que existan grupos para romper CAI”, dijo. 

“Dicen que somos clandestinos y que estamos dentro de la estrategia de ELN y disidencias. Es absurdo. Llevamos cinco años actuando públicamente, salimos como grupo”, dijo Christian Hurtado, vocero nacional de Juventud Rebelde, un colectivo señalado por el Gobierno y la policía de infiltrar las marchas. 

Además, la relación de los bogotanos con la policía se ha deteriorado en los últimos años. Quienes confían en esa institución han bajado del 52 % en 2004 al 25 % en 2020, según datos del Barómetro de las Américas de LAPOP. Y hay más cifras. La Personería de Bogotá ha recibido este año 376 peticiones y quejas por supuesto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y actos de estigmatización, discriminación o xenofobia por parte de la fuerza pública. Entre ellas, 202 ocurrieron entre el 9 y el 14 de septiembre, tras la muerte de Ordóñez. En 2019 fueron 331, y en 2018, 153. 

Siete presidentes de juntas de acción comunal en barrios con CAI afectados dijeron que no conocen casos de reclutamiento en sus zonas, y coincidieron en que existe una gran indignación contra la policía. “Históricamente acá ha habido abusos. (…) Odian a la policía, o ni les va ni les viene. Pero ninguno los respeta”, dijo una.

La insatisfacción de muchos jóvenes va más allá de la policía. El desempleo juvenil en la ciudad ha venido creciendo y tras la pandemia uno de cada tres está sin trabajo.

El encierro también pudo influir. En las localidades donde hubo más destrozos, como Kennedy o Engativá, hubo cuarentenas más estrictas y mucha inconformidad entre la gente, como lo muestran las protestas y saqueos de abril y agosto. Según un estudio de salud mental publicado en agosto por la Universidad Javeriana, los jóvenes están sufriendo altos niveles de depresión y ansiedad por la cuarentena.
La rabia se enfocó en los CAI porque se volvieron símbolos del abuso. Varios líderes los describieron como “lugares de tortura”, y existen denuncias de abuso sexual en San Diego. Las imágenes tempranas que mostraban cómo manifestantes intentaron destruir el CAI de Villa Luz, donde fue asesinado Ordóñez, también colaboraron. 

Mientras tanto el discurso del gobierno deslegitima la protesta al relacionarla con un plan criminal, y justifica la acción de la policía contra los manifestantes. La tesis del plan premeditado ayuda a argumentar que la fuerza pública actuó de forma correcta porque enfrentaba a un grupo armado ilegal decidido a destruir. 

Pero los hechos y múltiples evidencias contradicen la tesis oficial. Y aunque la respaldaran, el resultado tampoco sería deseable. Un plan de este calibre implicaría que este gobierno, elegido en parte gracias a su oferta de seguridad, en solo dos años dejó crecer al adversario en sus narices de manera exponencial.

About The Author: Redacción Vokaribe

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