LIDERAZGO AMBIENTAL EN RIESGO

LA AMENAZA CONTRA LOS LÍDERES AMBIENTALES DEL META

En los últimos años, aunque algunos medios de comunicación han informado sobre asesinatos de líderes sociales e inclusive han creado conteos para mostrar la dimensión de estos hechos, por lo general, no se conocen sus historias ni la de las comunidades. También se sabe muy poco de cómo estos líderes son estigmatizados, amenazados y criminalizados, en muchos de estos casos, por funcionarios públicos y empresas estatales.

Rutas del Conflicto en alianza con La Liga contra el Silencio documentó la historia de un grupo de líderes sociales en el departamento de Meta, voceros de una comunidad que quiere evitar que los ríos de su región sean afectados por posibles malas prácticas en la exploración y explotación petrolera. Estos líderes son solo la muestra de los costos de su trabajo en el Meta, pues historias similares ocurren en Puerto Gaitán,Puerto López y demás zonas donde la economía imperante es el petróleo

La defensa del medioambiente en Colombia ha causado la muerte de 32 líderes, desde 2016, de un total de 116 de América Latina, según el último informe de Indepaz.

Global Witness, una ONG inglesa que recolecta casos sobre líderes ambientales y de tierras asesinados en 22 países, lleva documentando desde el 2012  a Colombia como uno de los países más peligrosos para estos líderes, después de Brasil y Filipinas. Según la ONG, en Colombia, la tasa de impunidad en los procesos de los asesinatos de los líderes es del 92%

En medio de esta circunstancia, en el Meta se gestan liderazgos en defensa del agua y la fauna de la cordillera del piedemonte llanero. Esta zona, que está a cinco horas de Bogotá y que muchas personas del interior utilizan para vacacionar, es un corredor ambiental del Páramo de Sumapaz que permite observar variedad de animales como nutrias, aves y monos.

El Piedemonte Llanero también es la fortaleza económica de la industria de hidrocarburos del país. Ecopetrol, una empresa de economía mixta y suscrita al Ministerio de Minas y Energía, en el 2010 creó el Bloque de Crudos Pesados de Oriente (CPO-09) con el fin de realizar exploración sísmica y de perforación en nueve municipios de la cordillera oriental de Colombia.

Desde que comenzó el proyecto, la comunidad empezó la defensa de las fuentes de agua de la región.

Luis Guevara, Marlén Arévalo y Gustavo Carrión han representado a las comunidades de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva y han visto en el liderazgo ambiental la única salida para defender su territorio. Sin embargo, su trabajo ha estado permeado por amenazas, atentados, estigmatización de funcionarios públicos del Ministerio del Interior y  judicialización por parte de una unidad de la Fiscalía, creada específicamente para investigar los presuntos delitos en contra del sector de hidrocarburos.

¿Qué defienden los líderes ambientales? Escuche los sonidos del río Guamal, uno de los lugares que podría ser afectado con la explotación petrolera del Bloque CPO-09.  

 


 

META Y PETRÓLEO: ENTRE EL PROGRESO Y EL AGUA

El centro poblado turísitico de Humadea depende enteramente del río, cuya temperatura es ideal para los turistas que acuden a disfrutar del agua.

La historia del Meta como primer departamento productor de petróleo en Colombia es reciente. Las empresas petroleras aprovecharon las garantías de seguridad y la reducción de requisitos ambientales que ofrecía el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe para operar en la región. En 2003, en la Altillanura, el empresario Germán Efromovich compró los derechos de explotación petrolera del campo Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, a través de su empresa Meta Petroleum, que años más tarde se fusionaría con Pacific Rubiales. Al mismo tiempo, en el Piedemonte Llanero, Ecopetrol amplió la producción del bloque Cubarral.

La producción petrolera antes de 2003 en el Meta se reducía a la pequeña producción de pozos en zonas con alta presencia de las FARC y de grupos paramilitares en la Altillanura y en el Piedemonte Llanero. Por un lado, la guerrilla atacaba constantemente la poca infraestructura existente y secuestraba funcionarios de las compañías petroleras.  Por el otro, los paramilitares -que inicialmente habían llegado a la región en los ochenta con los narcotraficantes del Cartel de Medellín y los esmeralderos de Boyacá- se habían unido a los hombres de los hermanos Carlos y Vicente Castaño desde 1997.

La guerra por el control del narcotráfico en la zona dejó centenares de víctimas de asesinatos selectivos y masacres. Aunque la intensidad de la violencia bajó desde 2003, con mayor presencia del Ejército cerca de los pozos petroleros y la desmovilización de gran parte de la estructura paramilitar, no desaparecieron las amenazas contra los líderes sindicales y ambientales que protestaban contra el poder de las empresas petroleras en la región.

La exploración petrolera en el Piedemonte

Mientras que la historia de campo Rubiales se desarrolló con la llegada de Pacific Rubiales  en 2008, la historia del Piedemonte Llanero, la región que marca la frontera entre la cordillera y el comienzo de los Llanos orientales comenzó en los años 40. Engineering & Exporting Company realizó exploraciones, pero fue hasta 1973 que se comprobó la existencia real de crudo. Desde ese año hasta el 2000, Chevron Petroleum Company y Ecopetrol explotaron el bloque Cubarral, a una hora de Acacías.

Antes de la llegada de Efromovich al campo Rubiales, el Piedemonte era la principal zona de exploración petrolera del departamento. Aunque los municipios de la región recibían los dineros de las regalías, también aparecieron las quejas y manifestaciones de las comunidades de Villavicencio, Acacías y Castilla La Nueva. En 2006, la comunidad reclamó contra Ecopetrol por intentar instalar una tubería para verter aguas residuales en el río Guamal. La empresa decía tener las licencias necesarias expedidas por Cormacarena, la corporación pública que administra los recursos naturales en el departamento, para llevar a cabo la obra. Sin embargo, la clase política del momento junto a la comunidad impidieron la continuidad de la obra.

El malestar en algunos sectores de la población por la explotación no fue obstáculo para que en 2008 el departamento del Meta, por primera vez en su historia, se convirtiera en el primer productor de crudo, por encima de Arauca y Casanare. Ese año se produjeron un promedio de 156.875 barriles diarios, según la investigación realizada por  la Corporación Universitaria del Meta. El campo petrolero en la vereda Rubiales, en Puerto Gaitán, como lo catalogaron los medios, fue ‘la joya de la corona’ para el sector de hidrocarburos se posicionara en el Meta como el departamento de mayor producción de petróleo, dejando de lado las exploraciones y explotaciones del bloque Cubarral, en el Piedemonte.

El 2010 fue un año clave para marcar el camino petrolero en el país. El entonces presidente Álvaro Uribe Vélez visitó Villavicencio para anunciar que se produciría la mayor cantidad posible de petróleo. También, ese mismo año, la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la llamada Ronda Colombia (una convocatoria de licitaciones) promovió 15 bloques de exploración en el departamento con una extensión mayor a 500 hectáreas. Principalmente, las licencias se dieron para los alrededores del bloque Cubarral.

En 2010, varios medios de comunicación anunciaron que Ecopetrol había encontrado una nueva ‘joya de la corona’. Esta vez no era en el campo Rubiales sino la ampliación del Bloque Cubarral, en el Piedemonte, que lograría una producción de un millón de barriles. Para ello, se creó el Bloque de Crudos Pesados de Oriente que comprende nueve municipios (CPO- 09), en 208.000 hectáreas, divididas en seis áreas de perforación de exploración entre las que se encontraba el bloque Akacías y  el Pozo Lorito 1, ubicado en la vereda de Humadea, Guamal.

Tutelas, plantones y manifestaciones por el agua

La comunidad, inquieta por la falta de agua en la vereda La Esmeralda por la actividad petrolera del bloque Cubarral y luchando por impedir la construcción de la tubería de agua residual al río Guamal, instauró varias medidas legales para impedir la exploración en las nuevas áreas de perforación.

En 2011, el gobierno de Juan Manuel Santos creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que instauró la figura legal de terceros intervinientes, la cual permite a los ciudadanos ser actores reconocidos por la empresa petrolera y el Estado, para que representen a sus comunidades. En abril de 2012, a solicitud de terceros intervinientes se realizó la primera audiencia ambiental en el país, para hacer seguimiento al proceso de licencias de las áreas de exploración del bloque CPO-09.

En esta audiencia la comunidad expuso su preocupación de que el río Humadea y los yacimientos de agua fueran contaminados por derrames de petróleo, que hubiera afectaciones por el desvío del río y daños al corredor ambiental, que viene desde el Páramo de Sumapaz, por la construcción de vías de acceso a las plataformas. La ANLA recogió las inquietudes de la comunidad y las consignó en la licencia ambiental, bajo la resolución 0331 de 2012.

Ecopetrol y los terceros intervinientes interpusieron un recurso de reposición a la resolución 0331 de 2012. La empresa quería solicitar la concesión de agua de seis puntos que había sido rechazada en la audiencia, y el permiso de vertimiento argumentando que era menos nocivos. La ANLA rechazó nuevamente la concesión de agua y el permiso de vertimientos, pero duplicó la concesión sobre el río Ariari bajo la resolución 0466 del 15 de junio de 2012.

Los  terceros intervinientes presentaron el recurso bajo el argumento de respetar las zonas de exclusión, es decir, lugares en los que no se puede realizar ninguna actividad extractiva por riesgo de daño ambiental irreversible. La ANLA, mediante la resolución 514 de 2012, exigió que Ecopetrol tuviera Planes de Manejo Ambiental, es decir, que conociera el total de cuerpos de agua del bloque y ninguna plataforma o pozo estuviera a menos de 200 metros. Contra la segunda resolución expedida, ninguna de las partes podría presentar nuevamente recurso de reposición.

En noviembre de 2012, varias mujeres de los municipios de Guamal, Castilla La Nueva y Acacías interpusieron una acción de tutela por el derecho al agua. La plataforma de Pozo Lorito 1, según el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional, no cumplía con los 100 metros reglamentarios que la deben separar de un cuerpo de agua. La plataforma y el río Humadea estaban aproximadamente a 90  metros de distancia. Un río que abastece a cerca de 400 personas y la bocatoma se encontraban a 2,5 km de la plataforma. Las tutelas fueron negadas en primera y segunda instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Guamal.

La ANLA realizó una modificación a la resolución 0466 de 2012, que estipulaba nuevas distancias entre cuerpos de agua y actividades o infraestructuras petroleras. La nueva resolución definía que fuentes hídricas de primer orden (ríos) era de 200 metros, de segundo orden (quebradas) era de 100 metros, y para fuentes hídricas de tercer orden (caños) era de 30 metros. La ANLA concluyó, tras un visita a la plataforma Lorito 1, que el río Humadea desde ese momento era un caño y cumplía con la distancia requerida.

Sin ninguna salida jurídica para la comunidad, el 22 de febrero de 2013, los habitantes de Guamal, Humadea y Castilla La Nueva iniciaron un plantón sobre el puente del río Guamal, que logró bloquear el paso a los vehículos que llevaban los equipos para la exploración petrolera al pozo Lorito 1. El plantón duró hasta el 19 de octubre del mismo año.

Durante estos meses, líderes ambientales interpusieron una acción popular solicitando medidas cautelares para la suspensión de la construcción de la plataforma de Pozo Lorito1. En septiembre de 2013, el Tribunal Contencioso del Meta falló a favor de la comunidad. Sin embargo, en 2014 por orden del Consejo de Estado fueron suspendidas las medidas cautelares.

El 17 de septiembre de 2013, la Sala octava de revisión de tutela de la Corte Constitucional, seleccionó la tutela de 2012, interpuesta por un grupo de mujeres de la vereda Humadea de Guamal, para su revisión. La Sentencia T-652 revocó la sentencia de segunda instancia del Juzgado Promiscuo de Guamal y exigió la suspensión inmediata de la plataforma del Pozo Lorito 1, bajo el argumento de principio de prevención y el derecho fundamental al agua.

Entre quienes defienden el medioambiente y los que acuden a decir que la industria de hidrocarburos es el progreso del país, el Meta sigue siendo el fortín económico petrolero. A 2018, según la ANH, el departamento produjo el 49,9% de la producción en Colombia y se espera retomar la exploración sísmica y perforación en el Piedemonte Llanero, a través de nuevas licencias ambientales que puedan cumplir con la sentencia T-652 de 2013.

A continuación encontrará las historias de tres líderes ambientales y las circunstancias que rodean la estigmatización, los hostigamientos y la judicialización a las que han sido expuestos por su liderazgo ambiental. 


ARRIESGAR LA VIDA POR DEFENDER EL AGUA

Marlén Arévalo fue beneficiaria del extinto Instituo Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, que le adjudicó un predio al borde del río Humadea, a donde llegó con la intención de desarrollar un proyecto capricultura

Marlen Arévalo dice que su esposo, su hija y sus cabras son su familia. Insiste constantemente en que ellos le salvaron la vida ayudándola a superar el cáncer. Se convirtió en lideresa ambiental desde que empezó a escuchar que se iba a realizar exploración petrolera cerca del río Humadea. Esta mujer de sonrisa amplia y risa contagiosa dice que ha luchado durante seis años contra la exploración petrolera de la zona, en cabeza de Ecopetrol, para proteger el agua que surte a más de 60 hogares. La vida de su familia y la de sus animales ha estado en riesgo desde el plantón de 2013, que buscaba defender la flora y fauna del Piedemonte Llanero.

El río Humadea es una de las fuentes hídricas más representativas del departamento del Meta. Ubicado en la región del Ariari es un sitio turístico al que vecinos y turistas van a disfrutar de la temperatura del agua y de la naturaleza que lo rodea. Un lugar que cobra aún mayor importancia, pues constituye un corredor natural entre el páramo de Sumapaz y la Orinoquía, además de abastecer a por lo menos cuatro acueductos entre los municipios de Guamal y Castilla La Nueva.

En Guamal, Meta, la comunidad teme por la llegada de la industria de los hidrocarburos, tras la posible afectación a uno de sus ríos más emblemáticos. Marlén Arévalo, lideresa ambiental de la región, ha tenido que sufrir varias amenazas y hostigamientos a causa de su defensa del territorio.

Según el libro Como el agua y el aceite. Conflictos socio ambientales por la extracción petrolera, escrito completamente por mujeres que han liderado la defensa de sus territorios en la región, “la cuenca del río Humadea es eje fundamental para la economía del municipio de Guamal.” Humadea es también el nombre que recibe el centro poblado turístico localizado a un costado del río, un caserío que se extiende sobre la carretera que conecta a  los municipios de Guamal y Cubarral, donde no deben vivir más de 60 familias y cuya economía depende enteramente del río. Fue declarado patrimonio departamental por su aporte a la recreación de la población del departamento del Meta.

En 2006, beneficiados por el extinto Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), llegaron desde Cundinamarca Marlén Arévalo, su esposo Edgar Cruz y su hija de cinco años, con la intención de desarrollar un proyecto productivo al borde del río Humadea. El Incoder les adjudicó una finca con el nombre ‘El Refugio’ y allí se establecieron. “Queríamos montar un proyecto ecoturístico para que la gente tuviera la posibilidad de venir y compartir con nosotros, con nuestras cabras, porque básicamente lo que nosotros tenemos es un proyecto de carpicultura”, recuerda Marlén Arévalo.  

Luego de tres años de estar viviendo en el Ariari, Edgar y Marlén comenzaron a escuchar rumores sobre la inminente llegada de la industria de los hidrocarburos a la región. Primero de reuniones para socializar el proyecto con Ecopetrol, después de la exploración sísmica y por último, de la perforación de un pozo aguas arriba del Humadea. Un año después, en 2010, Ecopetrol creó el bloque CPO-09 y con él comenzó la lucha de la pareja por el medioambiente. El matrimonio fundó la Corporación Ambiental y Turística Corpohumadea con la que promueven la protección del río y de la comunidad que vive de él.

Marlén Arévalo vive de sus 25 cabras, que están todas preñadas y pastean libres en su finca El Refugio. Piensa desarrollar un proyecto ecoturístico para sacarle provecho a su finca, sus cabras y los productos que saca de ellas.

En noviembre de 2012, aludiendo a los principios fundamentales de la salud y la vida, 12 mujeres de Guamal y Castilla, entre ellas, Marlén, interpusieron tutelas ante el juzgado de Guamal, argumentando que en caso de algún incidente, el río Humadea se contaminaría, y con él, el acueducto del centro turístico de Humadea. El juzgado falló en contra de las tutelas en enero del año siguiente y el 22 de febrero comenzó el traslado del taladro que perforaría el pozo Lorito 1, cerca del Humadea. La comunidad salió en pleno a bloquear la llegada del taladro, que era transportado por tres tractomulas, y comenzó un plantón pacífico que se extendió por ocho meses.

Con el plantón, afirma Marlén, empezaron también las amenazas y las persecuciones. “Pasaban camionetas blancas con vidrios polarizados y solamente se veían las cámaras filmándonos. Me llamaban a decirme que si no le decía a ese hijueputa mechudo, a mi esposo, que se callara, que se iba a morir, y que iba a ser mi culpa por no decirle que se quedara callado”, cuenta la lideresa.

Alrededor de 40 familias resistieron durante los ocho meses que duró el plantón hasta que la Corte Constitucional, ante la acción de tutela que interpuso Marlén Arévalo, decidió suspender las operaciones del pozo.

Las acciones en contra de las operaciones extractivas del Lorito 1 desencadenaron en una serie de sucesos que han puesto la vida del matrimonio en riesgo. Marlén denuncia que en noviembre de 2017 a la salida de un juzgado, una mujer la amenazó, advirtiéndole que si frenaba definitivamente el pozo los iban a matar. Anteriormente, el 3 de agosto de 2013, el matrimonio sufrió un extraño accidente mientras viajaba en su automóvil, cuando un hombre en un motocarro los sacó de la vía, y Edgar y Marlén fueron a dar a un hueco al costado del camino.

Marlén reconoce que nunca pensó tener una lucha tan cercana con el medioambiente y menos que le fuera a traer tales consecuencias. La lideresa hace chistes y se burla sobre su situación de seguridad. “Uy, aquí fue. Hasta aquí llegamos”, dice entre carcajadas cada vez que ve un vehículo acercarse a lo lejos.

Ante las amenazas, Edgar hace dos años recibió un chaleco antibalas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que debe pesar por lo menos siete kilos y que llegó a su casa por correo certificado. Para reforzar su seguridad, la UNP solicitó apoyo a la Policía Nacional, por lo que cada ocho días, los domingos, justo antes del mediodía, llegan uno o dos policías a la casa de Edgar y Marlén, les hacen llenar una planilla para certificar que ambos siguen sanos y salvos, y descansan mientras se toman un tinto que previamente le han solicitado a la lideresa. Esa es la rutina de cada semana.

El liderazgo ambiental en el Meta, a diferencia de los otros liderazgos sociales en el país, tiene la característica de ir en contravía a las políticas extractivas del gobierno, que pretenden sacar el máximo provecho del bloque CPO-09.

En un documento denominado Estrategia Territorial de Hidrocarburos, elaborado por el Ministerio del Interior, que busca minimizar la conflictividad de la industria con las comunidades en el Ariari, registra los nombres y las organizaciones sociales que se oponen al proyecto extractivo, entre ellos el de Marlén y Edgar. “Han puesto en riesgo nuestra vida porque eso hace que la misma comunidad nos tenga entre ojos porque supuestamente estamos atentando contra los intereses de los que quieren trabajar con la industria”, explica Marlén.

La lideresa sigue firme con su idea de sacar adelante su proyecto productivo en El Refugio, cosa que no ha sido posible debido a sus ocupaciones en Corpohumadea. El matrimonio administra una lavandería en Acacias y sigue dedicados a su hija, que ya es mayor de edad, y a sus 25 cabras, que están esperando crías. Insiste en que por ellos es que defienden el territorio, porque nada sería posible si el ecosistema se deteriora. “Nosotros no nos oponemos a la industria de los hidrocarburos, es importante decirlo, nos oponemos es a cómo y en dónde se están desarrollando estos proyectos”, enfatiza Marlén.

 


«SI DEFENDER EL TERRITORIO Y EL AGUA ES SER TERRORISTA, SOMOS TERRORISTAS»

Luis Guevara comenzó su liderazgo ambiental tras las posibles afectaciones que podría causar la explotación del Bloque Cubarral a las fuentes hidrícas. Hoy preside la Junta de Acción Comunal de su barrio en Acacias, Meta.

Luis Guevara es líder social, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Colinas, en Acacías. Durante 2018 impulsó las mejoras en el acueducto de su comunidad. Desde 2010 es líder ambiental. Un  santandereano que llegó al departamento del Meta tras ver cómo su natal Barrancabermeja y municipios cercanos iban sufriendo el daño del ecosistema por la refinería de este municipio. También, cómo la salud de sus familiares se fue deteriorando poco a poco, muchos de ellos trabajadores del sector de hidrocarburos.

En 2010, Luis empezó a escuchar, de rumor en rumor, que iban a realizar una exploración sísmica en el Piedemonte Llanero.  Conversaciones informales se convirtieron en hechos cuando la petrolera Ecopetrol asumió de lleno la exploración del bloque Cubarral, que pertenece al gran bloque de exploración CPO-09.

El líder, inquieto por saber de qué estaban hablando, ya que las reuniones de socialización de las empresas petroleras con la comunidad estaban llenas de términos técnicos que nadie comprendía, y con la experiencia de ver cómo Santander sufrió la explotación de petróleo, empezó a leer, a estudiar y a entender cuál era el peligro ambiental de hacer exploración sísmica en el Piedemonte Llanero.

Para Luis, si la exploración en esa zona se llegara a concretar causaría grandes afectaciones ambientales porque en la región se realiza la recarga hídrica de los acueductos municipales y distritos de riego, que pueden resultar afectados por el desarrollo de proyectos petroleros. Además, el líder señala que la exploración petrolera podría afectar ríos como el Guamal y el Humadea. Por ello, Luis junto con otros líderes ambientales comenzaron a realizar acciones de protesta, de participación ciudadana, de plantones y de pedagogía a las comunidades para que las licencias ambientales protegieran el Piedemonte.

 

En 2013, desde las distintas JAC de los municipios del bloque CPO-09, se realizó la primera marcha ambiental contra la exploración sísmica. Para Luis este fue el comienzo de un proceso que ha buscado informar a la ciudadanía de los peligros ambientales de la exploración inadecuada de los hidrocarburos y movilizarse para oponerse a cómo se está realizando esta actividad.

 

Tras la primera marcha se creó la Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero (ver línea de tiempo de acciones en defensa del medioambiente). Este es un espacio que la comunidad considera de conversación, de trabajo unificado y coordinado por la defensa del territorio. Aunque, desde esta mesa se ha podido hacer seguimiento a pequeños derrames de crudo del bloque Cubarral y proteger el agua, el trabajo ha sido difícil y lleno de obstáculos porque los líderes no encuentran ayuda ni orientación en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

El trabajo de líderes ambientales como Luis cada día es más complejo. Las manifestaciones pacíficas terminan en enfrentamientos entre la población civil y la fuerza pública: “Nos hemos dado cuenta de que a las marchas que convocamos llegan agitadores, personas que están contratando para que comiencen los disturbios, después la comunidad se les une y los agitadores desaparecen de las movilizaciones”, afirma Luis.  

Además, señalan desde la Mesa Hídrica, han analizado cómo la prensa cubre los plantones y las protestas, dándole una mayor voz a las petroleras y a la fuerza pública. “Nos tildan de terroristas. Después en las investigaciones judiciales muestran que no hicimos nada. Solo que a  través de las manifestaciones logramos detener la producción de petróleo unos días y eso es lo grave de la situación”, narra el líder.

Este santandereano no ha recibido amenazas de manera directa, pero constantemente personas de la comunidad le dicen que escucharon que si no dejaba su liderazgo ambiental le podía pasar algo.

“Nosotros estamos siendo estigmatizados como terroristas. Aquí en la región hay gente que trabaja con la industria petrolera que dice que los líderes están en contra del progreso y de las comunidades. Todo esto pasa mientras que escuchamos al ministro de Defensa decir que los líderes sociales están siendo financiados por el narcotráfico”, dice Luis.

Varios líderes de la región han denunciado que, en medio de los señalamientos, el mismo Estado ha expuesto sus nombres públicamente como enemigos de la explotación petrolera en un documento alojado en el servidor del Ministerio del Interior. Dicho documento  titulado Estrategia Territorial de Hidrocarburos de 2015, se creó entre el Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Hidrocarburos con el respaldo de la Presidencia y con la financiación de Ecopetrol. Tenía como función identificar los actores de posibles conflicto con la industria en el Meta, por lo cual era de uso interno, únicamente para funcionarios públicos.

En este documento se nombran a varios líderes y organizaciones ambientales que participan en protestas y plantones, además, de cómo han sido sus reclamos. Patricia Pardo, lideresa de Cubarral, es descrita como “Comerciante del municipio, se encuentra presente en todos los bloqueos, es muy influyente en la zona y tiene discurso agresivo contra la industria”. También, señala al sacerdote de El Castillo de “emitir discursos en contra de la industria” al final de las misas. Los líderes consideran que estos documentos de instituciones estatales los ponen en riesgo, más aún, en medio de las amenazas que ya han recibido algunos de ellos.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio consultaron al Ministerio del Interior, vía derecho de petición, por la elaboración y publicación de esta presentación en su sitio web.  El Ministerio señaló que “el documento en mención fue elaborado por un contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2015 como material interno de trabajo. Nunca fue un documento oficial ni mucho menos reflejó una posición institucional del Ministerio”. (Ver respuesta completa al derecho de petición)

El Ministerio también explicó que la presentación nunca estuvo publicada directamente en la página oficial de la institución, pero aceptó que cabe la posibilidad de “una publicación no formal en un micrositio dedicado a la Estrategia Territorial para el Sector de Hidrocarburos de la página”.  En la respuesta, la entidad dice que no puede informar cómo fue la creación del documento, ya que no fue oficial y su autor ya no tiene ninguna vinculación con el autor.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio también consultaron, vía derecho de petición a Ecopetrol,  financiador de la llamada Estrategia Territorial para el Sector de Hidrocarburos. La petrolera no se refirió puntualmente a su participación en la elaboración del documento, pero aclaró que el principal objetivo de dicha estrategia era “contribuir a las mejoras de condiciones de gobernabilidad, transparencia y la superación de la pobreza, a través de la generación y facilitación de espacios del diálogo entre comunidades, entidades del gobierno nacional, regional y municipal, así como las empresas del sector de hidrocarburos, para la construcción de propuestas conjuntas que forjen desarrollo y busquen soluciones a las problemáticas existentes en los territorios” (Ver respuesta completa).

Luis y otros líderes de la zona insisten en que este documento es una evidencia clara de la estigmatización del Estado a los líderes ambientales que se han opuesto a la manera en que se ha realizado la exploración petrolera en la región. “Sentimos que nos tratan como si fuéramos terroristas. A varios compañeros los han judicializado, a otros los han amenazado y vemos cosas como esta en un documento del Ministerio del Interior. Si defender el territorio y el agua es ser terrorista, somos terroristas”, dice el líder social.


 

LÍDERES TRATADOS COMO DELINCUENTES

A Gustavo Carrión le fueron imputados nueve cargos entre los que sobresalen los de terrorismo, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas.

Lunes 10 de septiembre de 2018, 8 de la mañana. Gustavo Carrión estaba listo para salir de su casa en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva, Meta. Se subió a su carro y, minutos después, fue sorprendido por varios miembros de la Policía que irrumpieron en su finca. Le dijeron que estaba detenido mientras le leían, uno a uno, los nueve cargos imputados: concierto para delinquir, terrorismo, violencia contra servidor público, constreñimiento ilegal, daño en bien ajeno, violación a la libertad de trabajo, obstrucción a vías públicas que afectan el orden público, homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte de armas. Carrión, atónito, se bajó de su carro y fue trasladado a Villavicencio.

Gustavo Carrión Neira es líder ambiental desde hace tres años. Anteriormente, trabajaba como operario de Ecopetrol. Como lo narra el líder, decidió dedicar todo su trabajo y esfuerzo a la defensa del medioambiente y de las comunidades que estaban siendo perjudicadas por los presuntos daños a los acueductos, causados por la exploración y explotación petrolera. Este líder de 47 años es el coordinador de veedurías ambientales de Castilla La Nueva.

Fue el primero de siete líderes, entre ambientales, sociales y laborales, en ser capturado el 10 de septiembre de 2018. Desde marzo había comenzado a rondar el rumor sobre su orden de captura, al igual que la de los otros seis líderes de los municipios de Acacías y Castilla La Nueva. Pero cada vez que Carrión preguntaba en las entidades gubernamentales, o en las estaciones de Policía por esta supuesta orden, la respuesta era negativa. Fue solo hasta septiembre, cuando legalizaron la captura, que Carrión y sus seis compañeros entendieron el meollo del asunto.

‘El que la hace la paga’

Los momentos que aparecen en la demanda son varios: de mayo a agosto de 2016; de julio a agosto de 2017; y de febrero a mayo de 2018. La víctimas: Ecopetrol y miembros de la Policía. Todos los hechos fueron consecuencia de múltiples protestas de carácter ambiental, social y laboral, llevadas a cabo en estos últimos tres años. Las pruebas que se presentaron fueron: videos en los que se muestran atentados en contra de la infraestructura de la empresa; un miembro del ESMAD al que le disparan con un arma de fuego; un video grabado desde el aire, que muestra a un policía degollado al atravesar en la moto un alambre de púas, que colgaba sobre la vía; entre otras.

Ahora, ¿qué tienen que ver las cuatro lideresas y los tres líderes con esto? Que, por ser líderes, firmantes de actas de reuniones y representantes de las comunidades, tienen que responder por lo que pasó en el territorio. Es decir que, la responsabilidad penal, que es individual, la convirtieron en colectiva”, afirma Liria Manrique, abogada defensora de los siete líderes. Cada una de estas personas, a las cuales les imputaron los cargos, debían responder por los actos vandálicos cometidos durante las protestas, aun si no hubieran sido ellos los actores, pues, según la fiscal del caso, Myriam Medrano, al ser líderes, se concertaban para realizar los desmanes. “¿Intención? Neutralizarlos. ¿Por qué? Porque han sido los voceros históricos de las comunidades, y simplemente Ecopetrol no quiere seguir sentándose con ellos”, dice Manrique.

El martes 11 de septiembre legalizaron la captura y, en ese mismo día, la fiscal y la jueza de control de garantías de Villavicencio citaron la audiencia de imputación de cargos  ocho días después. “Y el día lunes (17 de septiembre) a las 6:00 p.m. nos dicen: ‘no, se canceló la audiencia. Queda para el próximo martes’. Ocho días más encerrados ahí, siendo inocentes”, relata Gustavo Carrión, quien asegura que, durante la audiencia del martes 25 de septiembre los trataron como la “banda criminal más peligrosa del Meta”.

De hecho, en redes sociales circuló una imagen con el logo de la Policía Nacional, en la que informaban la captura de los siete líderes, entre los que se encontraba Carrión. La ‘organización criminal’, según la imagen, estaba liderada por Sandra Patricia Ruiz Riaño, una de las capturadas del 10 de septiembre. “Inició su actuar delictivo al estar como presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda del centro del municipio de Acacías. (…) Persona que lidera, organiza manifestaciones, bloqueos, en contra de la estatal petrolera Ecopetrol S.A.”, relata el perfil criminal de la pieza gráfica, de la que no ha sido posible verificar su autoría. En la parte superior de la imagen, reposa una de las frases insigne del gobierno actual: “Plan de choque 100 días, ‘El que la hace la paga’. Seguridad con legalidad”.

En total, permanecieron 16 días en la cárcel. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. La jueza de control de garantías dictaminó que las pruebas presentadas por la fiscal, no fueron suficientes para encontrar algún vínculo entre las acciones violentas y los líderes comunales. La fiscal apeló a esta decisión y el caso continúa abierto. “Nunca van a encontrar nada porque nosotros lo que hemos hecho legalmente es defender a nuestro municipio, defender a nuestras comunidades y, lo más importante, defender el agua y nuestro medioambiente”, dice Carrión.

El gigante filisteo

Quien les imputó los cargos a los siete líderes y quien lleva toda la investigación es la Fiscalía EDA, la Estructura de Apoyo a hidrocarburos, una dependencia de la Fiscalía General de la Nación que existe, según la entidad, desde 2001. Estas estructuras se encuentran en regiones estratégicas del país como: Saravena, Arauca; Cúcuta, Norte de Santander; Puerto Berrío, Antioquia; Barrancabermeja, Santander; Orito, Putumayo; Tumaco, Nariño; Cali, Valle del Cauca; Yopal, Casanare; y Villavicencio, Meta.

El objetivo de las EDA es “adelantar investigaciones por delitos como el apoderamiento de hidrocarburos y atentados terroristas contra la infraestructura petrolera y energética, entre otros”, según indica el boletín 4224 de la Fiscalía. Lo que también aclara el comunicado es que estas estructuras nacen a partir de un convenio de cooperación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y Ecopetrol.

El exfiscal general Eduardo Montealegre dio declaraciones justo después de la apertura de la Fiscalía EDA de Villavicencio en 2013: “Lo que se está llevando es a consolidar unas mejores condiciones de orden público y de seguridad para una industria que hoy en día, sin duda, es la mejor oportunidad que tiene el país para acelerar su desarrollo económico y social”.

Sin embargo, lo que le incomoda a Liria Manrique y a los siete líderes es que aquellas EDA también son financiadas por Ecopetrol. Así se pudo evidenciar en los contratos de convenios de colaboración llevados a cabo por estas cuatro entidades en todo el país. Los dineros invertidos por la empresa petrolera están entre los $1.500 y $6.000 millones de pesos, repartidos en gastos de funcionamiento que comprenden: pago de servicios públicos, mantenimiento de equipos de cómputo, peajes, pasajes terrestres, servicios de correspondencia, servicios de telefonía celular e internet, suministro de alimentación, servicios de parqueadero, servicios generales, servicios de hospedaje para apoyo de la función judicial e imprevistos.

Es decir, Ecopetrol, quien funge de víctima en el caso de Carrión y los otros seis líderes, financia a la Fiscalía que investiga el mismo caso. “Entonces, cuando tú entiendes ese contexto, entiendes que hay dinero inyectado de intereses económicos particulares, pero también públicos, porque Ecopetrol es pública. Entiendes que todo el proceso de judicialización está viciado. Y entonces te das cuenta de por qué cuando tú pones un proceso contra una empresa, la actividad judicial es casi nula, versus cuando te están denunciando a ti, que hay una celeridad inmediata, en lo que nosotros hemos llamado una asimetría judicial absoluta”, asegura la abogada Liria Manrique.

Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio consultaron con Ecopetrol, vía derecho de petición, por los más de mil contratos entre la petrolera,  la Fiscalía y la Policía. La empresa contestó que dichos contratos estaban ligados a “el convenio de colaboración N 5220807, que finalizó el 17 de septiembre y se encuentra liquidado” (ver respuesta de Ecopetrol). La petrolera insistió en su respuesta en que esta alianza permitió identificar a los grupos armados que delinquen en la zona como el Clan del Golfo y Grupo Armado Vichada y Meta.  Aunque, los convenios a los que se refiere Ecopetrol se encuentran liquidados, se pudo documentar a través de Secop que varios convenios siguen activos y fueron firmados a finales del 2018.

“¿Yo por qué me metí en esto?”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó en el 2016, el informe ‘Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos’. En él relata cómo en el continente se ha usado el derecho penal de manera indebida para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos. En su análisis se evidencian los contextos en que se presentan gran parte de estas judicializaciones, y es posible hallar similitudes con el caso de Carrión.

Ocurren por lo general en contextos donde existen tensiones o conflictos de interés con actores estatales y no estatales quienes hacen uso del aparato penal con la finalidad de obstaculizar la labor de defensa que realizan defensoras y defensores de derechos humanos y así frenar sus causas por considerarlas opuestas a sus intereses”, dice el informe. En gran medida, estos contextos de criminalización están ligados a conflictos de intereses para el desarrollo de megaproyectos y explotación de recursos naturales, tal como lo señala el subtítulo del informe: ‘Contextos en los que se observa el uso indebido del derecho penal y grupos más afectados por esta práctica’.

El documento detalla que los diferentes procedimientos para inculpar a los defensores de derechos humanos suelen ser aludidos a términos genéricos o ambiguos, tales como: ‘terrorismo’, ‘sabotaje’, ‘apología del delito’, entre otros. De esta manera se deslegitima el discurso de los líderes y defensores de derechos humanos, al mismo tiempo que se intimida a las comunidades que representan.

Gustavo Carrión fue el primero de siete líderes sociales capturados por la Policía el 10 de septiemre de 2018. Permaneció retenido durante 16 días

Sobre los efectos de la criminalización en los líderes, es posible evidenciar afectaciones a nivel individual y colectivo. Liria Manrique, por ejemplo, recuerda el caso de la lideresa ambiental, Marisol Parra, una mujer que fue golpeada y detenida por la fuerza pública en el 2017, durante unas protestas en la vereda Pío XII, del municipio Guamal, Meta. «Marisol, después de esa detención, y eso que está en libertad, ha sido atendida psiquiátricamente porque la señora empezó a padecer una serie de situaciones que han causado problemas en su casa. Yo la he escuchado decir: ‘¿Yo por qué me metí en esto?’».

Manrique, que ha defendido a varios líderes de la región desde 2011, augura un pleito difícil, pero esperanzador a nivel departamental: “Va a ser una pelea de largo aliento porque hay un aparataje judicial (al) que le molesta mucho todo el ejercicio de protesta”.

Mientras tanto, los siete líderes ambientales, sociales y laborales continúan en libertad, por ahora. Gustavo Carrión insiste en que seguirá defendiendo el medioambiente en Castilla La Nueva, y denunciando las irregularidades de la industria de hidrocarburos en su vereda de residencia, Sabanas del Rosario.

Hemos sido líderes de corazón. Aquí nadie nos está pagando por defender nuestro medioambiente. Hemos estado luchando contra un gobierno con las uñas para poder defender nuestros caños, nuestros animales, nuestra vegetación, que es lo que han venido dañando”, finaliza Carrión Neira.

About The Author: Redacción Vokaribe

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