“No podemos hablar de productos sostenibles cuando se estigmatizan y se judicializan a los líderes y lideresas del territorio.”, dijo un líder campesino y defensor de los derechos humanos de Montes de María. “Realmente no sé por qué hablan de productos verdes, cuando en realidad son productos rojos, manchados de sangre”.

Comunidades negras y campesinas de Montes de María, Colombia, han presentado recientemente una queja ante la Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) contra el Oleoflores S.A.S., el cual es un miembro de la misma mesa internacional. La queja contiene múltiples denuncias relacionadas con violaciones de los derechos humanos y daños ambientales ocasionados durante muchos años por parte de este conglomerado de aceite de palma y palmicultores locales en su cadena de suministro.

Las comunidades han radicado la queja ante la RSPO para obtener reparaciones y garantías de que los planes del Grupo Oleoflores para certificar su extractora en María la Baja no sigan adelante hasta que haya verificaciones sólidas y confiables que den cuenta del pleno respeto de los derechos humanos y de la adopción medidas efectivas para reparar las injusticias y los daños causados por este miembro de la RSPO y sus proveedores locales.

Esta queja, presentada por la ONG Forest Peoples Programme conjuntamente con las comunidades afectadas, denuncia el despojo territorial, la expropiación de tierras, la deforestación, el despojo hídrico y la privatización ilegal de recursos comunales y caminos comunitarios. Además, denuncia el comportamiento violento, la criminalización e intimidación de personas defensoras de los derechos humanos, y la falta de transparencia en la cadena de valor del Grupo Oleoflores, sus filiales y proveedores. Destaca la incapacidad de la empresa para resolver de forma pacífica las disputas sobre el uso y acceso a la tierra y al agua, entre otros abusos empresariales.

El reclamo presenta pruebas que demuestran que los abusos de la empresa constituyen infracciones graves y directas del Código de Conducta y los estándares de sostenibilidad de la RSPO, que el Grupo Oleoflores se ha comprometido públicamente a respetar. También constituyen una violación de la Constitución colombiana y al derecho internacional sobre derechos humanos.

Mapa 6 – Plantaciones de palma en áreas deforestadas entre 1990 y 2019.

“Las empresas internacionales que compran aceite de palma de productores de Colombia deben garantizar que el producto que adquieren no esté manchado por violaciones de derechos humanos, violencia y daños cometidos contra las comunidades y el ambiente”, insiste una defensora de los derechos humanos de María la Baja.

El Grupo empresarial Oleoflores es proveedor de aceite de palma para grandes comerciantes y distribuidores de productos agroalimentarios, como Louis Dreyfus Company y Bunge Global. Su aceite de palma también está vinculado a empresas transnacionales de bienes de consumo, como Unilever, Cargill, Kellogs, Colgate-Palmolive, Nestlé y ADM, entre otras, cuyos productos utilizan a diario millones de personas en todo el mundo.

Desde 1998, las plantaciones de la palma aceitera de Oleoflores en la región de Montes de María han sido un foco de conflictos violentos por la tierra y el agua que perduran hasta el día de hoy. En muchas ocasiones, las personas defensoras de la tierra y el agua que se han manifestado en contra de las violaciones de sus derechos por parte de las empresas, han sido objeto de agresiones físicas y legales, incluido el uso de acciones judiciales estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). Estas acciones legales nefastas e intimidatorias se vinculan con el grupo empresarial Oleoflores:

“Cuando los campesinos se organizaron para reclamar derechos sobre la tierra en la zona de la finca Candelaria en 2015 fueron criminalizados por los abogados de Oleoflores”, dijo un líder campesino y defensor de los derechos humanos en María la Baja.  

“…Cuando en 2019 emprendimos acciones pacíficas para defender nuestro derecho al agua, nuestros líderes y lideresas fueron nuevamente criminalizados por la empresa Usomarialabaja [liderada por Oleoflores y otros cultivadores de palma de aceite y de arroz] que administra el Distrito de Riego. Esta es la historia aquí en Montes de María que continúa hasta hoy”.

Las comunidades también denuncian que el gigante del aceite de palma está utilizando tácticas solapadas para restringir su acceso a la tierra y a los suministros de agua, con el objetivo de obligarles poco a poco a abandonar el territorio que han ocupado tradicionalmente.

“La empresa ha intentado quitarnos el acceso a nuestros pozos tradicionales [actualmente situados dentro de las plantaciones de palma aceitera]. Los pozos son la fuente de vida de nuestras comunidades y sostienen el desarrollo de nuestros hogares”, afirmó una dirigente de María la Baja.

“ El objetivo de ellos es quitar a las comunidades de aquí; buscar las formas para que las comunidades se vayan… Si el único acceso que tienen para recoger el agua para tomar es el pozo, y lo privatizan, ya no tienen agua, no tienen tierra para sembrar. Entonces, dice la gente, – bueno, y ¿qué hacemos aquí? ¡Toca irnos pa` otro lado!” 

Las comunidades afectadas presentan pruebas detalladas en su queja que demuestran que las plantaciones de palma aceitera del Grupo Oleoflores y sus proveedores en Montes de María han deforestado bosques secos tropicales que afectan a los Altos Valores de Conservación (HCV por sus siglas en inglés) para reemplazarlos con palma aceitera- en contravención directa de las normas ambientales y sociales de la RSPO. 

“En la finca La Candelaria mataron árboles de más de 100 años. Cuando nosotros estábamos ahí nosotros no nos metíamos con el arroyo…esa madera uno la dejaba ahí, para que no se secara el agua…No tumbábamos el árbol higuerón… porque el higuerón es una planta que llama agua…” recuerda un campesino de la región.

Las quejas de la comunidad se presentan en un extenso documento de 100 páginas, que incluye pruebas fotográficas, cartográficas y jurídicas que detallan los daños y abusos causados por las operaciones agroindustriales de Oleoflores S.A.S., sus filiales y sus proveedores. La denuncia concluye con una serie de exigencias a la RSPO para que emita decisiones que garanticen justicia y reparación por los abusos y daños causados por el gigante colombiano del aceite de palma.  

 “La empresa debe responder por todos los daños causados a las comunidades” afirmó una líder comunitaria de María la Baja.

 “Organismos internacionales como la RSPO, que afirman promover el aceite de palma sostenible, deben tomar medidas más estrictas para garantizar que sus miembros cumplan sus normas. Eso es realmente lo que pedimos y por eso hemos presentado esta queja a la RSPO“.

La secretaría de la RSPO dispone de 30 días desde la recepción de la denuncia para llevar a cabo una evaluación que determine si las alegaciones, supondrían un incumplimiento de los documentos clave de la RSPO. De ser así, abrirán una investigación sobre las acciones de Oleoflores, que podría dar lugar a decisiones y sanciones para la empresa.

Demandas y solicitudes presentadas por medio de la denuncia:  

• Que la RSPO encargue una investigación totalmente independiente sobre los abusos de los derechos humanos y los daños medioambientales denunciados en la queja (incluyendo salvaguardas para garantizar que ninguno de los investigadores de la queja haya trabajado en empresas del sector de la palma aceitera en Colombia).
• Que se aplique la Política de la RSPO (2018) sobre la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Denunciantes y Querellantes y se dé trámite oportuno de la denuncia para minimizar el riesgo de represalias contra líderes comunitarios y personas defensoras de derechos humanos. 
• Que se suspenda la certificación de RSPO de las extractoras y plantaciones de la empresa en el departamento del Cesar, y que no se otorgue una nueva certificación en María la Baja, mientras no se cumplan las sanciones y se adopten las medidas de protección y correctivas que ordene el Panel 
• Que se adopte una decisión en firme del Panel de Quejas de la RSPO en la que se inste y requiera al Grupo Oleoflores a:

1. Abstenerse de cualquier otro acto de violencia, intimidación o criminalización de líderes o lideresas comunitarias en Montes de María; 
2. Comprometerse a no repetir los abusos y adoptar medidas para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y prevenir represalias en su contra. Esto debe incluir el compromiso de dejar de intimidar, estigmatizar y criminalizar a los líderes de las comunidades afrodescendientes y campesinas; 
3. Poner fin a todas las restricciones a los derechos consuetudinarios de tenencia, uso y acceso de las comunidades y eliminar cualquier obstrucción a los derechos de paso públicos; 
4. Investigar las irregularidades cometidas por los empleados y colaboradores de la empresa, y sancionar al personal, asesores jurídicos, contratistas y directivos de la empresa por comportamientos intimidatorios y otras conductas violentas e inapropiadas; 
5. Divulgar los títulos y planos de los predios y plantaciones propias o administradas por la empresa en áreas en disputa, incluyendo los datos geográficos requeridos en la plataforma digital GeoRSPO; 
6. Garantizar la cooperación de buena fe con las autoridades nacionales de tierras que atienden las reclamaciones de restitución de tierras y las peticiones de demarcación y titulación colectiva presentadas por los Consejos Comunitarios Negros y las comunidades campesinas de Montes de María.
7. Asegurarse de que se toman medidas para garantizar la aplicación del derecho fundamental del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en todos los esfuerzos por resolver disputas sobre la tierra y el agua, y en todos los asuntos en los que sus operaciones puedan afectar a las comunidades negras, indígenas y campesinas;
8. Abstenerse de cualquier otra actividad que pueda degradar o dañar los hábitats y recursos naturales de Alto Valor de Conservación para las comunidades negras, campesinas e indígenas;
9. Garantizar reparaciones justas y equitativas por abusos de derechos y daños mediante procesos guiados por la negociación de buena fe y el CLPI utilizando árbitros independientes mutuamente acordados por ambas partes, y respetando plenamente el derecho autónomo de las comunidades afectadas a obtener sus propios asesores jurídicos y técnicos independientes y libremente elegidos, así como observadores internacionales, si así lo desean.

Debido al antecedente de violencia y represalias contra los líderes y lideresas comunitarias en la región de los Montes de María, los nombres personales y/o imágenes de los denunciantes y personas afectadas han sido excluidos del comunicado y el paquete informativo a partir del cual se hizo esta publicación.

Vokaribe publica este contenido a partir del comunicado de prensa compartido por Forest Peoples Programme, para expresar su solidaridad con las comunidades negras y campesinas de Montes de María víctimas de violaciones de los derechos humanos por parte del Grupo Oleoflores y sus proveedores locales.